La UTA y empresas reanudaron el servicio tras más de 36 horas sin colectivos

 

La Subsecretaría de Trabajo fijó la primera audiencia de conciliación obligatoria para el lunes 12 de enero a las 9.

Una vez más, el conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas concesionarias del transporte urbano dejó al descubierto a los verdaderos perjudicados: los usuarios. Tras más de 36 horas sin colectivos en la capital correntina, el servicio se reanudó recién ayer por la tarde, luego de que el sindicato acatara la conciliación obligatoria dispuesta por la Subsecretaría de Trabajo de la provincia y bajo presión de sanciones.

La decisión de levantar la medida de fuerza llegó cerca de las 14, cuando la UTA Corrientes comunicó su cambio de postura con el argumento de "garantizar la fuente de trabajo y la paz social". Sin embargo, para ese momento miles de pasajeros ya habían padecido la falta total del servicio: trabajadores que no pudieron llegar a sus empleos, que debieron reorganizarse y obligados a afrontar gastos extra para trasladarse.

La intervención del Estado provincial y municipal se produjo luego de que el jueves a la noche no se arribara a un acuerdo entre el sindicato y dos de las empresas prestatarias del transporte urbano. Ante ese escenario, la Subsecretaría de Trabajo de la provincia declaró la ilegalidad del paro y activó la conciliación obligatoria como mecanismo institucional para encauzar la disputa y ordenar el levantamiento inmediato de la medida.

En la resolución oficial se intimó formalmente a la UTA-Corrientes a cesar la acción directa, en el marco de la normativa que regula los conflictos colectivos y que establece la conciliación obligatoria para garantizar la continuidad de servicios esenciales. El transporte público lo es, aunque en la práctica esa condición suele ser ignorada cuando estalla un conflicto salarial.

Un dato no menor es que la medida de fuerza se sostuvo aun cuando los salarios de los choferes habían sido abonados en su totalidad, pero con el valor anterior. Desde la Secretaría de Trabajo señalaron que este punto fue clave al momento de evaluar la legalidad del paro y la necesidad de una intervención inmediata. Mientras tanto, los usuarios -que en su mayoría perciben ingresos muy inferiores a los que hoy se discuten- volvieron a quedar atrapados en una pulseada ajena.

La audiencia de conciliación fue fijada para el próximo lunes 12 a las 9, con el objetivo de abrir un ámbito formal de diálogo bajo supervisión estatal. Allí, sindicato y empresarios deberán intentar destrabar un conflicto que, cada vez que se reactiva, impacta de lleno en la vida cotidiana de la ciudad.

El origen de la disputa está vinculado al reclamo salarial de la UTA, que exige elevar el salario básico de $1.200.000 a $1.370.000, además de incrementar el viático diario de $8.000 a $13.000. Son cifras que contrastan fuertemente con la realidad económica de la mayoría de los pasajeros, muchos de los cuales cobran sueldos muy por debajo de esos montos y dependen del colectivo para subsistir.

Desde el sector empresario, en tanto, insisten en que los aumentos reclamados resultan inviables y que la estructura de costos del sistema, sumada al contexto económico, no permite afrontar esas demandas. El cruce de responsabilidades entre ambas partes se repite, mientras el servicio se corta y la ciudad queda paralizada.

Aunque la conciliación obligatoria permitió normalizar el transporte, el episodio vuelve a dejar una sensación conocida: UTA y empresas discuten, el Estado interviene y los usuarios pagan el costo. Una lógica que se repite conflicto tras conflicto, sin soluciones de fondo y con pasajeros que siempre terminan siendo la variable de ajuste.

 Aplicación de multas: la postura del Municipio

El secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes, Yamandú Barrios, se había expresado ante la medida de fuerza que mantuvo una de las empresas de transporte y adelantó que se aplicarán las multas correspondientes a las empresas que no cumplieron con el servicio. "Más allá de las excusas que se den, están incumpliendo el contrato de concesión que se tiene", explicó.  Respecto de la medida, desde el Municipio indicaron que en la conciliación es obligatorio el levantamiento del paro por el plazo de 15 días hábiles. 

 "El paro se tiene que levantar a partir de la notificación formal de la conciliación obligatoria", indicó el funcionario, haciendo hincapié en la extensa reunión mantenida durante la tarde y noche del jueves, que no logró destrabar el conflicto.

El funcionario indicó que el Municipio realiza "esfuerzos extraordinarios para sostener el sistema de transporte público de pasajeros" y alegó que "Corrientes destina más de $10.000 millones por año, lo que representa cerca del 6% del presupuesto municipal, para subsidios directos y para sostener el boleto estudiantil gratuito, que es una política de Estado", explicó. En ese marco, sostuvo que no es posible aumentar el aporte económico y que "más de lo que el Municipio está poniendo, es absolutamente imposible".

El funcionario detalló que actualmente los choferes perciben $1.200.000 en blanco, más $100.000 no remunerativos, mientras que el reclamo sindical apunta a alcanzar $1.370.000 en blanco, más viáticos diarios. "Estamos hablando de una diferencia de entre $300.000 y $400.000 mensuales por chofer", precisó.

 "En abril debemos iniciar un nuevo proceso licitatorio del transporte público. Allí se evaluará quiénes cumplieron con el contrato y quiénes no". Mientras, estimó que "no se puede negociar bajo presión".

"Entendemos los intereses sectoriales, tanto de las empresas como del gremio, pero no se puede negociar bajo presión. Con la conciliación obligatoria, el paro debe levantarse; de lo contrario, la medida será declarada ilegal. Esperamos que prime el sentido común y que se pueda discutir el transporte público en términos de calidad y sostenibilidad, sin perjudicar a los usuarios", concluyó.